El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de su Dirección de Programación de Inversiones (DPI), ha dado un paso fundamental en la materialización del Plan Estratégico de Gobierno 2025-2029 al consolidar, junto a diversas instituciones del sector público, el Plan Indicativo de Inversiones Públicas para el quinquenio.
Este plan estratégico define prioridades, metas y acciones específicas para cada programa y proyecto, garantizando una asignación efectiva de recursos.
MEF otorga aprobaciones técnicas para programas y proyectos
Como resultado de este exhaustivo proceso de revisión, la entidad otorgó un total de 2,549 aprobaciones técnicas para programas y proyectos de inversión pública, con sus respectivas recomendaciones de asignación de recursos para la vigencia fiscal 2026. Entre las nuevas iniciativas priorizadas, se destacan proyectos de alto impacto social y económico, clasificados como "Proyectos País" dentro del Plan Estratégico de Gobierno. Estos incluyen:
- Mi Primer Empleo
- Hospital Veterinario para Mascotas
- Espacio del Emprendedor
- Teleférico de San Miguelito
Estos proyectos están firmemente enfocados en la generación de empleos de calidad, un pilar fundamental para el desarrollo nacional.
Fortalecimiento Institucional y Gestión Eficiente
Para asegurar la correcta formulación y ejecución de estos proyectos, el MEF ha impulsado un robusto programa de fortalecimiento institucional. A través del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP), coordinado por la DPI, se capacitaron a más de 400 funcionarios públicos responsables de la formulación de proyectos de inversión. Las jornadas de reforzamiento abarcaron temas cruciales como el ciclo del anteproyecto de inversión, evaluación de proyectos, gestión del riesgo y cambio climático, seguimiento de proyectos, y el uso de la plataforma Banco de Proyectos del SINIP.
Como parte de este esfuerzo, también se ha finalizado la Guía Metodológica General para la identificación, formulación y evaluación económico-social de proyectos de inversión pública. Esta herramienta facilitará a las entidades estatales la presentación de Estudios de Costo-Beneficio Social, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.